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Recuperación de activos locales e internaciones
Septiembre 20, 2021
Durante muchos años, una de las principales causas en la Región para que se genere la corrupción a nivel público y privado, han sido las acciones de impunidad por parte de los organismos de control y del poder judicial, respectivamente, en relación a procesos de investigación, juzgamiento de delitos económicos y recuperación de activos. En el caso ecuatoriano, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE propuso en el año 2018 un protocolo de recuperación de activos, con mecanismos específicos de cooperación internacional con respecto a la localización del origen, congelación, incautación, comiso y retorno de activos saqueados, concretamente relacionados a la malversación o peculado de fondos públicos. En el ámbito privado, estas acciones dependen aún más de la diligencia y habilidad de fiscales y jueces para ejecutar acciones coordinadas con información oportuna. Adicionalmente, la falta de transparencia financiera por parte de jurisdicciones offshore, al ser parte de complejas estructuras para esconder, disfrazar u ocultar bienes muebles e inmuebles de personas y organizaciones con antecedentes de poseer comportamientos de índole criminal, han incrementado la problemática.
Si bien la era del secreto o sigilo bancario puede haber terminado, los retos para recuperar de una manera efectiva los activos producto de delitos derivados de prácticas de corrupción y fraude, tales como, enriquecimiento ilícito, peculado, estafa, lavado de activos, defraudación tributaria, enriquecimiento privado no justificado, entre otros; dependen de una coordinación entre los diferentes actores para intercambio de información y asistencia penal internacional cuando proceda, y sobre todo, de una investigación preliminar forense que permita identificar, valorar, ubicar activos líquidos y de significancia económica a nivel global.
Es importante recalcar el término fraude, dado que éste también puede abarcar cualquier delito que utiliza el engaño como su principal modus operandi para obtener ganancias ilícitas. El Black´s Law Dictionary la define como: “una práctica engañosa o deliberada, a la que se recurre con la intención de privar a otro de su derecho, o de alguna manera para hacerle daño. A diferencia de la negligencia, siempre es positiva, intencionada.” Según las estadísticas de ACFE, la Asociación Internacional de Examinadores de Fraude, las pérdidas por fraude son producidas en mayor proporción por mandos altos. En el sector público, podrían tratarse de Ministros de Estado, PEPs y autoridades de nivel jerárquico superior; mientras que en el sector privado se trataría de Directores, Gerentes y Accionistas. Generalmente son estos eventos pensados y ejecutados por este tipo de perfiles, los que mayor repercusión a nivel mediático suelen tener. Ejemplos varios, los escándalos de Petroecuador, Odebrecht, Enron, Madoff, MF Global, WorldCom, y más. Tarea pendiente, reducir el costo beneficio que un criminal de cuello blanco o una organización criminal de este tipo, pueden percibir.
Por ende, si una persona, organización e inclusive el Estado, ha sido víctima de un engaño por parte de un tercero y sus recursos han sido mermados, existen alternativas de inteligencia corporativa para poder dimensionar y cuantificar el potencial de recuperación de una obligación y resarcir los daños y perjuicios causados. Pregunta de rigor, ¿Qué alternativas existen actualmente? En un mundo globalizado, con una gran cantidad de datos dispersos en diversas bases de datos, tanto de fuentes abiertas como cerradas de acceso exclusivo o pagado, éstos pueden ser organizadas a través de procesos de due diligence, o más conocidos como debidas diligencias ampliadas, para poder conocer con mayor profundidad el alcance de los activos que posee una persona natural o jurídica, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo.
¿Por dónde empezar? La respuesta no es sencilla, pero siempre existe información disponible para trazar una ruta de obtención de información especializada, con el objetivo de levantar un detalle pormenorizado de activos en aquellos lugares donde la persona tenga intereses económicos, familiares o de negocios, por ejemplo, información tributaria local y externa gracias a los esfuerzos de las administraciones tributarias por intercambiar información de doble vía a través de Convenios Multilaterales, extractos bancarios, información de ingeniería social, informes de auditoría externa, notas a los estados financieros, informes de terceros en el exterior por partners de compliance e investigación, y otras fuentes primarias que cada jurisdicción suele disponer en la web. Una de las piezas claves en estos procesos, es contar con un equipo local e internacional de análisis de inteligencia operativa y financiera, para poder direccionar requerimientos y facilitar la búsqueda de objetivos para una investigación económica de alto nivel, sobre todo en el ámbito privado.
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